¨La situación del parlamentarismo es, hoy en día, tan crítica porque el desarrollo de la democracia de masas moderna ha hecho una huera formalidad de la discusión basada en argumentos. Muchas normas de derecho parlamentario actual, sobre todo relativas a la independencia de los diputados y al carácter público de las sesiones causan la impresión de ser un decorado superfluo, inútil e incluso vergonzoso, como si alguien hubiera pintado con llamas rojas los radiadores de una moderna calefacción central produciendo la ilusión de que están al rojo vivo¨ (Carl Schmitt, Los Fundamentos Histórico-Espirituales del Parlamentarismo en su Situación Actual, P. 162). <
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> Cuando se aborda un tema hay, grosso modo, dos formas de analizarlo: desde un punto de vista teórico y desde el punto de vista de la praxis concreta, implacable y dura. Pienso que desde este último es que realmente vale la pena estudiar el estado actual del Poder Legislativo, porque cuando se analiza meramente desde el punto de vista teórico, se corre el riesgo de caer en abstracciones e idealismos que no nos llevan a ningún lado.

Uno de los objetivos planteados por el Señor Presidente del Poder Judicial, Dr. Francisco A. Távara Córdova en su discurso de apertura del año judicial 2007, es la participación activa de la Corte Suprema de Justicia y de los Magistrados en el proceso legislativo de gestación de leyes, dentro de las medidas relacionadas con el “Rol de la Corte Suprema de Justicia y reestructuración del Poder Judicial”

El sustento fáctico reside en que los Magistrados son quienes se interrelacionan de modo permanente y actual con su entorno social, conocedores de las falencias e inoperancias de las leyes bajo ciertas circunstancias, en un determinado proceso judicial o en determinadas áreas sociales. Siendo su participación no solamente de dar cuenta al Congreso de los vacíos o defectos de la legislación; sino también de participar en la presentación y debate de propuestas de iniciativas legislativas tendientes a la optimización del servicio de justicia.

Con el objeto de coadyuvar a la reforma y mejora del sistema judicial resulta necesaria la puesta en marcha de la presente GUIA METODOLOGICA PARA ELABORACIÓN DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS, elaborado sobre la base de los documentos que aparecen en el parte bibliográfica de la presente guía.

En este artículo se desarrolla conceptos de tratamiento de la información jurídica como también la participación del Estado Argentino en la obra editada por la Real Academia Española

«Conviene que las leyes sean las menos posibles, que sean justísimas, dirigidas al bien común, conocidas al detalle por el pueblo, por lo que los antiguos las exhibían públicamente escritas sobre un tablero blanco (el llamado "álbum"), para que fuesen vistas por todos. Es feo que algunos hagan uso de las leyes como si fuesen trampas para enredar en ellas al mayor número posible, no como quien vela por el interés de la república, sino como quien captura una presa. Finalmente, redáctense las leyes con palabras claras y sin ambigüedad alguna, para que no haya necesidad de ese costosísimo linaje de hombres que se llaman jurisconsultos y abogados . Esta profesión en otro tiempo estuvo reservada a los hombres más excelentes, gozaba de gran dignidad y no buscaba en absoluto el lucro, pero en la actualidad el afán de ganancias, que todo lo vicia, la ha corrompido.» I . INTRODUCCIÓN (ERASMO DE ROTTERDAM, Institutio Principis Christiani, 1516)

El texto completo del articulo puede leerse en:

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Abordar la problemática y el análisis que conlleva la técnica legislativa en España, requiere unas consideraciones generales que, aunque sabidas, es preciso explicitar para una mejor comprensión del marco jurídico al que vamos a referirnos.

De acuerdo con el viejo principio de división de poderes, la función de hacer las leyes, que corresponde al Parlamento, se complementa con la de aplicar esas leyes, que corresponde al Gobierno, y con la de solucionar los conflictos y dudas que plantee la aplicación de esas leyes que corresponde a los tribunales.

Sin embargo, este planteamiento simple y que está en el origen de la lucha ideológica frente al “Príncipe” moderno, nunca lo fue tan claro en la realidad política.

La realidad, desde un principio, fue otra. Basta recordar cómo en los orígenes de nuestra historia constitucional las Cortes legislaban con el Rey. Pero, además, la evolución ha sido rápida y diferente según momentos y países. Frente a la realidad de la existencia de la ley como instrumento para regular pacíficamente la convivencia social en el marco del Estado –como factor común–, nos encontramos luego con una casuística muy grande que hace que la potestad legislativa de cualquier Estado en un momento dado sea variable y llena de matices que la singularizan.

Hay diversos tipos de pintores: los de paleta y pincel y los de cubo y brocha. En función de las circunstancias y necesidades, se recurre a unos u otros. Salvo que se quiera un fresco en la pared del salón, se recurre al de brocha gorda. Si queremos un retrato de la familia, y no nos conformamos con una foto, parece lógico recurrir a un artista que profese el arte de la pintura.

Con las normas jurídicas, en especial con las de rango de ley, no deja de pasar lo mismo. El problema debe ser que no resulta tan evidente distinguir al artista del chapuzas. Y es que hemos debido ser invadidos por nuestros vecinos del norte en eso del bricolage y, cada vez más a menudo, nos encontramos con que los artistas (los expertos en un campo del Derecho) son sustituidos por los que saben y valen para todo (los políticos). No hay más que ver la transformación que sufren las normas desde el primer boceto (anteproyecto y proyecto) hasta lo que sale de las cámaras legislativas. Lo del laboratorio del doctor Frankestein se ha quedado en juego de niños. Si Mary Shelley levantara la cabeza, lo más probable es que se convirtiera en cronista legislativa.

El período democrático inaugurado a comienzos de la década del ochenta en Argentina estimuló el desarrollo de una vasta literatura politológica en torno a la transición y consolidación de la democracia. En este contexto, los estudios e investigaciones relacionados al Poder Legislativo argentino han aumentado considerablemente, constituyéndose en un tema de investigación recurrente. Hasta el momento tenemos conocimientos sobre diversas y variadas cuestiones vinculadas al Congreso de nuestro país que ponen de manifiesto la importancia de la política legislativa para los procesos democráticos.

No obstante, todavía son pocos los estudios que intentan sintetizar y relacionar los distintos hallazgos y análisis realizados sobre el Legislativo argentino. A 30 años del regreso de la democracia, el presente trabajo busca analizar la performance del Poder Legislativo argentino atendiendo a tres de sus funciones señaladas como centrales por la literatura especializada: representar, legislar y controlar. De tal forma, a modo de balance, se buscará reseñar las principales investigaciones empíricas sobre política legislativa argentina para dar cuenta de cómo ha funcionado tanto el Congreso como sus legisladores, y especialmente cuál ha sido su relación con el Ejecutivo.

Proyectar leyes de protección ambiental así como sus respectivos reglamentos para asegurar su operatividad constituye una delicada tarea que debe ser encarada con seriedad, so pena de asistir al fracaso de normas legales bien intencionadas, pero que no han tomado en cuenta sencillos principios de orden jurídico que más que de una tarea de gabinete hacen de la experiencia de años de ejercicio de tal actividad.

“Está bastante extendida entre los dirigentes políticos la creencia de que los problemas se resuelven a golpe de leyes o equivalentes. Pero la realidad es contumaz y muestra muchas veces que un exceso de leyes acaba siendo contraproducente. El problema se agrava con que el vendaval normativo suele venir acompañado por un lenguaje deficiente que empaña su comprensión hasta para los juristas con más acentuada especialización, y no digamos nada para un ciudadano normal. En efecto, graves males afectan desde hace tiempo al lenguaje de las leyes. Con olvido de que éste se zambulle en el lenguaje común y debe atenerse a sus exigencias, vulnera con bastante frecuencia las más elementales reglas del escribir correctamente que deben aprenderse en las fases iniciales de la educación. La proliferación de los gerundios invasores, el descoyuntamiento del orden sintáctico, la indebida utilización del infinitivo, los innecesarios estiramientos de palabras y frases, la incorrecta puntuación, el abuso de siglas y acrónimos, la insidiosa penetración de modas y modismos coloquiales, son algunas plasmaciones de la situación que estamos sufriendo. A esto hay que sumar sin ser exhaustivos los reduccionismos expresivos, la invasión de los extranjerismos pedantes y la tolerancia con las barbaridades de expresión, entre otras muchas deficiencias.