Revindicar las facultades del Parlamento para que asuma el peso que le corresponde entre los Poderes del Estado

El diccionario Espasa define la errata como "una equivocación material cometida en lo impreso o manuscrito". Humorísticamente se da a las erratas el nombre de "moscas" . Para los eruditos se trata de un lapsus linguae o calami.

  En realidad es sencillamente, una discordancia  entre lo escrito  y lo publicado por la imprenta, no querida por el autor o inconscientemente producida por el que  imprimió el texto, aunque  a veces se advierten erratas deliberadas,   conscientes, que  implican una intención  dolosa en cuanto sorprenden la buena fe del lector ingenuo,haciéndole creer que es una falta o descuido del linotipista.

SUMARIO: I . Introduccidn : la correccidn del «BOE» de 16 de marzo de 2004.- II . ZResignaci6n de la doctrina penal?-III . Las correcciones de errores : el Real Decreto 1511/1986 y sus lfmites : 3 .1 Posici6n de la doctrina . 3 .2 Posici6n de la jurisprudencia .-IV. Un analisis mas detallado : 4.1 Concepto de error material: doctrina y jurisprudencia . 4.2 Algunas conclusiones . 4 .3 Significado del contexto.-V Conclusiones .

¿De qué tipo de costos hablamos?

En primer lugar, un costo "interno" para los operadores del derecho, en el sentido de dificultar la identificación de la regla aplicable. En la medida en que -se reconozca o no- la jurisprudencia "crea" derecho, esto es un problema serio de seguridad jurídica. Ya veremos que además de precisión está el factor "costo" en términos de tiempo y relecturas.

No es menos importante el costo "externo" que es el costo de alienación de la ciudadanía que literalmente no entiende las decisiones y las razones de los fallos, lo que socava la legitimidad del sistema judicial.

Nótese que este es un costo "orgánico", ya que no se distingue o se atribuye la responsabilidad en términos puntuales, sino que se agrega al pasivo del "sistema judicial" y que genera desconfianza en la ciudadanía.

A todos los que trabajen en el ámbito del Poder Ejecutivo o Legislativo, nacional, provincial o comunal, o les interese capacitarse para hacerlo, les comunico que está por comenzar una nueva cohorte de la Maestría en Ciencia de la Legislación que dicta la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador,Av. Callao 660, Ciudad de Buenos Aires.

Guía sobre Tecnica Legislativa realizada en el marco del Protecto de Asistencia Técnica al Parlamento de Uruguay, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ( PNUD)

Glosario preparado por él área de Documentación Legislativa del Congreso de Mexico como una colaboración para los usuarios que no son conocedores de la jerga legislativa y la necesidad de estos de contar con definiciones concretas para ciertos términos que se utilizan frecuentemente en el ámbito parlamentario.

Resumen

Con el objeto de dar cuenta de la dinámica del derecho, Alchourrón y Bulygin distinguen los conceptos de sistema jurídico y de orden jurídico. El primero hace referencia a un conjunto de enunciados que contiene todas sus consecuencias deductivas, entre las cuales hay normas cuyo contenido son actos coactivos. Se trata de una entidad estática. El orden jurídico, por su parte, es concebido como una secuencia de sistemas jurídicos enlazados por algún criterio de legalidad o validez, y conserva su identidad a través de los cambios producidos por la sanción o derogación de normas. Es mi propósito presentar argumentos tendientes a sostener que la noción de orden jurídico no es adecuada para los fines que se propone y, además, su postulación, con el sentido que le atribuyen los autores, resulta innecesaria.

Sumario: 1.-Corresponde dejar sin efecto la sentencia que desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el rechazo de la acción de amparo deducida por un legislador en su carácter de tal y como ciudadano, por medio de la cual solicitaba un informe a la Secretaria de Turismo y Cultura de la Provincia de Jujuy, en razón de concluir en su falta de legitimación activa al señalar que la alegada condición de ciudadano no lo autorizaba a demandar, pues no había demostrado la existencia de un derecho subjetivo o colectivo, o de un interés directo o difuso, habida cuenta que la sentencia vulnera el art. 10 de la Ley provincial 4444 -invocado por el actor desde el comienzo del pleito-, en cuanto establece que el derecho de libre acceso a las fuentes de información pública puede ejercerlo toda persona física o jurídica en la Provincia, sin que sea necesario indicar las razones que lo motivan

Interesante libro para compartir sobre una temática crucial para el buen legislar