La Oficina del Parlamento Europeo en España es un servicio abierto a todos los ciudadanos que desean o necesitan conocer la información y actividades del Parlamento Europeo y de los eurodiputados españoles.
En sus dos sedes (Madrid y Barcelona) la Oficina mantiene un conjunto de servicios destinados a facilitar la relación entre la Institución y los ciudadanos españoles. Dichos servicios se concentran en tres grandes áreas de trabajo:

Introducción.
Nuestra presentación pretende reflexionar sobre el estado y complejidad de la normativa actual, y en ese sentido, a partir de ver la “Ley” como “producto”, señalar que el tema de su CALIDAD es muy importante como lo es también atender especialmente (atento el desarrollo desmedido que alcanzó la legislación) la existencia de los llamados “vicios de la legislación” que no sólo repercuten en el orden jurídico sino en la sociedad toda, lo que muestra la necesidad dar solución a estos problemas.

Nosotros vemos no solo oportuno y conveniente sino también necesario simplificar la legislación vigente porque la observación de la realidad, muestra un enorme número de leyes que da por resultado, una abultada y “contaminada” legislación que trae un ordenamiento jurídico en el que –a veces- no se sabe que leyes están vigentes y cuáles no. Esto obliga a legislar mejor (para el futuro) pero respecto la legislación existente, muestra que debe ser “simplificada” contando (nuestro país) con varias experiencias en este sentido.

En las Jornadas se habló de dar perfección a la ley y teniendo presente que ese “producto” una vez alcanzado obliga (por la ficción que dice “la Ley se presume conocida por todos”), en relación al desarrollo desmedido de la legislación, muestra la necesidad d reducir ese vasto “universo normativo” existente, porque hay una “hipertrofia legislativa” tal, que lleva a no saber -a veces- cuál es el derecho vigente.

Hemos reunido en este volumen algunos estudios que hemos realizado acerca de las leyes, de su redacción, de su lenguaje, de su estructura, de su vigor, de su interpretación y de su inserción en los sistemas jurídicos.
Lo hemos hecho desde el campo, teórico y práctico, de la nueva Legística (o la vieja técnica legislativa).
Si la palabra “legística” es reciente, la idea que ella representa es vieja. El tema de la calidad de los textos normativos, apreciado con independencia de su contenido, ya aparece en los tratados de Cicerón sobre la ley, en Francis Bacon en el siglo XVII, en Montesquieu en el siglo XVIII, en Bentham y Dupin en el siglo XIX.

DECRETO 1345 DE 2010

(ABRIL 23 DE 2010)

"Por el cual se establecen directrices de técnica normativa"

EL PRESIDENTE DE LA R EPÚBLICA DE COLOMBIA

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 189 numeral 11 de la Constitución Política y el artículo 56 de la Ley 489 de 1998, y

CONSIDERANDO

Que para facilitar la elaboración y revisión de los decretos y resoluciones antes de su expedición, es necesario adoptar directrices de técnica legislativa que faciliten la labor de los servidores públicos encargados de esas funciones;

Que se deben establecer reglas y tipologías documentales para garantizar la uniformidad, continuidad y adecuada presentación de los decretos y resoluciones;

Que es igualmente necesario dejar constancia de los antecedentes que justifican la expedición de decretos y resoluciones, y asegurar su conservación, recuperación y archivo;

Que para todos estos efectos se ha consultado a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado;

DECRETA:

CONCEPTO-NATURALEZA JURÍDICA El veto es la facultad que tiene el presidente de la Nación para desaprobar un proyecto de ley sancionado por el Congreso impidiendo así su entrada en vigencia.

Pese a que la Constitución Nacional no contiene una cláusula específica al respecto, es innegable su existencia jurídica, puesto que nuestra norma fundamental refiere a esta institución en forma expresa e implícita, así por ejemplo en el art. 78 se refiere al envío de los proyectos de ley sancionados por el Congreso para su examen; el art. 80 menciona los proyectos desechados parcialmente por el Poder Ejecutivo; y el art. 83 establece que “desechado en todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la Cámara de origen...”.

La mayoría de la doctrina entiende que el ejercicio del veto se vincula con razones de conveniencia política y de armonización del funcionamiento de los poderes del Estado, vale decir que el veto implicaría uno de los tantos resortes de los controles y equilibrios entre los poderes; existiendo múltiples razones para hacer uso de esta facultad, como por ejemplo: oportunidad y conveniencia, de acierto, de forma o de fondo, de constitucionalidad, de eficacia,

La crisis de la institución y los roles del parlamento moderno

En su Sentencia 150/1990, nuestro Tribunal Constitucional dijo que “hay que comenzar por recordar que los principios de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos exigen que la norma sea clara para que los ciudadanos sepan a qué atenerse ante la misma. En este orden de exigencias no cabe subestimar la importancia que para la certeza del Derecho y la seguridad jurídica tiene el empleo de una depurada técnica jurídica en el proceso de elaboración de las normas, singularmente en un sector como el tributario que, además de regular actos y relaciones jurídicas en masa que afectan y condicionan la actividad económica global de todos los ciudadanos, atribuye a éstos una participación y un protagonismo crecientes en la gestión y aplicación de los tributos. Resulta inexcusable en este contexto el esfuerzo del legislador, tanto estatal como autonómico, por alumbrar una normativa tributaria abarcable y comprensible para la mayoría de los ciudadanos a los que va dirigida; puesto que una legislación confusa, oscura e incompleta, dificulta su aplicación y, además de socavar la certeza del Derecho y la confianza de los ciudadanos en el mismo, puede terminar por empañar el valor de la justicia…”

En todos los sistemas jurídicos opera, con más o menos rigor, la regla de que la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento. Pese a su generalidad, esta norma plantea problemas de principio (fijar su fundamento) y de aplicación (principalmente pronunciarse sobre sus posibles excepciones).

Estos problemas no han sido resueltos con criterio unánime, ni por la doctrina ni en el ámbito del Derecho comparado, como seguidamente tendremos ocasión de exponer.

Los artículos transitorios son normas jurídicas cuyo objeto esdeterminar el modo de aplicación de otras normas, sin embargo, elsujeto obligado no son estas normas mismas, aun cuandodeterminen su vigencia, sino las autoridades que las han de aplicar.•

Introducción El análisis de la validez de las leyes aún no reglamentadas surge a partir del interrogante planteado sobre de la aplicación de la ley 11.044 sobre “Investigación en seres humanos”. Esto mismo puede plantearse ante cualquier norma no reglamentada (sea una ley o un tratado o, incluso, normas que se encuentran en las constituciones, sean nacionales o provinciales). Adelantamos la respuesta a favor de la validez de las mismas, por las razones que se desarrollarán. En primer lugar analizaremos: 1. Que se entiende por ley y su alcance, 2. El deber que tienen los jueces de aplicar las normas vigentes, sean reglamentadas o no, 3. La distinción entre normas operativas y programáticas, 4. El papel de los jueces en caso de ausencia de reglamentación, 5. Las problemáticas ante la falta de reglamentación, 6. La situación de la ley 11.044. 7. Conclusión